El anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud está expuesto a recibir alegaciones hasta el próximo 28 de mayo.
El mismo día que se han conocido el resultado electoral en Cataluña, con la victoria del PSC, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha sacado a consulta pública el anteproyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, donde se intenta blindar un modelo sanitario contrario a la historia reciente de la Sanidad Catalana.
Cómo terminará esta aventura legislativa y, especialmente, cómo se ubicará Cataluña dentro de esta futura ley, no está claro. Por ahora, se conoce lo que figura en la consulta pública del anteproyecto de ley que, además, ha sido comentado por la ministra de Sanidad, Mónica García, en un acto que ha tenido lugar este lunes.
Carpetazo a la ley del 97 sobre nuevas formas de gestión
García ha dicho de la regulación que «pondrá freno a las comisiones», los «lucros indecentes» y los «beneficios obscenos» de las empresas.Tras inaugurar el I Foro de Salud Pública: Una sanidad a futuro, organizado por la Fundación para la Investigación en Salud (Fuinsa), la ministra ha explicado que la ley de gestión pública dará un «carpetazo» a la ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud que «abría la puerta a modalidades de gestión que lo que han hecho es deteriorar el sistema» y pondrá freno al «lucro incesante: La sanidad ya no se venderá al peor postor».
La consulta pública del anteproyecto de ley estará abierta hasta el próximo 28 de mayo y recoge en un apartado «los problemas que pretende solucionar la nueva norma», que la ministra García ha resumido como, la necesidad de eliminar «fórmulas de gestión» que no han traído mejoras para la salud de la población, sino «todo lo contrario, lo que ha supuesto han sido mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas mientras que han ido detrayendo el presupuesto del sistema sanitario público».
En definitiva, el proyecto dice que se debe corregir los siguientes puntos:
- Pérdida de la capacidad de control en la gestión por parte de las administraciones públicas.
- Blindaje diferencial de los contratos con el sector privado, lo que ha redundado en la necesidad de repercutir doblemente las restricciones presupuestarias sobre los hospitales de gestión pública en los años en los que ha habido contratación presupuestaria.
- Creación de sistemas paralelos de derivación entre centros sanitarios en aquellas regiones en las que una empresa ha copado una parte significativa del mercado de la gestión privada de centros sanitarios públicos.
- Incapacidad de las administraciones públicas de revertir decisiones en materia de privatizaciones de la gestión llevadas a cabo por gobiernos previos y cuyos efectos se han prolongado durante décadas.
- Falta de transparencia en la liquidación de los pagos por parte de las administraciones a las empresas prestatarias de los servicios contratados.
El Ministerio de Sanidad considera el proyecto legislativo necesario para «establecer de forma clara la prioridad absoluta de la gestión pública en la prestación de servicios sanitarios, así como el alcance, los procedimientos, la transparencia, la rendición de cuentas y el tipo de entidades que podrían optar a la participación contractual con las administraciones públicas en este ámbito, y bajo qué condiciones».
Como objetivo de la norma, el anteproyecto cita los siguientes:
- Limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro.
- Mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad.
- Facilitación de la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes.
- Establecimiento de las prácticas de gestión pública que hagan capaz alinear la gestión del sistema sanitario público con los objetivos de salud de la sociedad española.